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La Ley de Expropiación Intelectual, según el CGPJ

Álvaro Díez Alfonso. Derechos PI/Legislación. 02/08/2013

 

El 29 de julio de 2013 fue publicada la versión oficial del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin duda resulta muy satisfactorio, más allá de las conclusiones resultantes, encontrarse con textos de las características de este documento, donde tanto el contenido (un análisis riguroso y en profundidad de la normativa vigente y proyectada), como la forma de expresar dicho contenido (estructura, exposición de ideas y redacción), son excelentes.

Entrando a valorar el fondo del informe, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprecia, que el citado anteproyecto gira en torno a tres principales bloques de materias, como son: a) la revisión del régimen aplicable a la compensación equitativa por copia privada; b) el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de propiedad intelectual y c) el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos para permitir el impulso de de la oferta legal de obras y otras prestaciones en el entorno digital. A lo largo del análisis de estos bloques de materias, el CGPJ realiza numerosas críticas de diversa tipología al texto del prelegislador, relacionadas con la falta de una técnica legislativa adecuada en lo que a la redacción de algunos artículos se refiere, con el desconocimiento del mercado objeto de regulación, o con la posible contradicción con el Derecho comunitario y con el Derecho español vigentes, cuestiones todas ellas que ni mucho menos son baladí. A continuación se detalla parte del contenido de los dos primeros bloques mencionados:

Comenzando por la compensación equitativa por copia privada, el CGPJ, en el parágrafo 13 de su informe, muestra su sorpresa ante la profundización y desarrollo del sistema implementado hace algo más de un año y medio, a través de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (RD-L 20/2011), cuya disposición adicional 10ª establece la financiación de dicha compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Dice el CGPJ que si bien este sistema pudo responder a una razón de urgente necesidad en el trance de aprobación del RD-L 20/2011, precisamente por esa misma razón encuentra difícil justificación en el contexto, más sosegado, de la elaboración de una ley ordinaria de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Quizá sea aún mayor la sorpresa después de haber oído a diferentes parlamentarios en los últimos meses afirmar que, en efecto, dicho sistema era provisional (véase a partir del minuto 2:54 del vídeo enlazado).

Por otro lado, advierte el CGPJ que este sistema de compensación equitativa por copia privada no se ajusta a las recomendaciones de Antonio Vitorino, Mediador designado por la Comisión Europea (CE), ni tampoco a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en particular, a los casos Padawan y VG Wort. En este sentido, desde una óptica de técnica jurídica, resulta muy pertinente el análisis que el CGPJ realiza del caso Padawan, al afirmar que la sentencia a él ligada no se refiere a los requisitos del límite de copia privada (como así parece entender el prelegislador en el texto del anteproyecto), sino a los criterios de aplicación de las cantidades económicas que sirven para compensarlo. Es decir, “una cosa es que el límite no ampare las copias para uso profesional o empresarial, y otra que deban ser excluidos del canon los equipos, aparatos y soportes de reproducción adquiridos por profesionales o empresarios”. En términos generales (no sólo a través de esta apreciación), el CGPJ critica el vacío de contenido del límite de copia privada pretendido por el prelegislador, que actúa en un claro detrimento de los intereses de los titulares de derechos, habiendo sido la compensación equitativa derivada de este límite una trascendental fuente de ingresos para las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas con carácter previo a la entrada en vigor del RD-L 20/2011 (por ejemplo, para CEDRO supuso el 85,46% de su recaudación en el año 2010). Deben ser consideradas en este sentido las conclusiones expresadas en parágrafo 45 del informe, donde el CGPJ afirma que “(…) tal y como aparece diseñado en el Anteproyecto [el sistema de relaciones entre el límite de copia privada y su compensación], adolecería de un vicio estructural, dado que en ninguna de las dos únicas situaciones en las que una reproducción para uso privado puede confeccionarse lícitamente, se prevé que las copias así realizadas vayan a generar obligación de compensación, lo que es tanto como decir que no habrá posibilidad legal de que se genere en ningún caso obligación de abonar la compensación equitativa por copia privada”.

Respecto al diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de propiedad intelectual, cabe resaltar la crítica realizada por el CGPJ relacionada con la pretensión del prelegislador de eliminar el beneficio de legitimación ad causam de las entidades de gestión (según el cual únicamente deben aportar al inicio de un procedimiento, ya sea administrativo o judicial, una copia de sus estatutos y la certificación acreditativa de la correspondiente autorización del Ministerio de Cultura) cuando los derechos en juego sean objeto de gestión colectiva voluntaria, debiendo en estos casos acreditar la representación del repertorio en juego.

Además, el CGPJ discrepa de la injustificada discriminación entre entidades de gestión colectiva obligatoria y entidades de gestión colectiva voluntaria expresada en el anteproyecto, según la cual las primeras serían objeto de supervisión severa por parte de la Administración Pública, mientras que las segundas no serían objeto de ningún tipo de supervisión.

Debe ser remarcado también que, según el CGPJ, existen serias dudas de que las entidades de gestión puedan reclamar la totalidad de su tarifa en sede judicial, en los casos previstos en el proyectado art. 158 bis 3, es decir, cuando no haya acuerdo entre las entidades de gestión y los usuarios de su repertorio, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación entre ambas partes, habida cuenta de las nuevas competencias previstas en el anteproyecto para la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Dicho esto, cabe preguntarse al igual que el CGPJ si, como afirma el prelegislador, este tipo de medidas están destinadas a “reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual”, o responden a otros intereses diferentes. Las entidades de gestión colectiva son una pieza fundamental en el engranaje de la industria cultural, la cual quizá deba ser mimada y tenida en consideración en mayor medida desde la Administración Pública española en su conjunto, ya sea con el objetivo de enriquecer nuestro patrimonio artístico, o con el fin de regenerar el modelo productivo nacional (muy necesitado de nuevas herramientas en un contexto de crisis económica como el actual).
 



 
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