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Copia privada: las entidades de gestión denuncian ante Bruselas el nuevo sistema de compensación

Gabriel Luiz de Jesus Silva. Instituto Autor. 06/08/2012


 

Las entidades de gestión españolas de derechos de autor y derechos conexos (AISGE, DAMA, AGEDI, EGEDA, AIE, SGAE y VEGAP) han anunciado el pasado viernes la presentación de una denuncia ante la Secretaria General de la Unión Europea por el cambio en el sistema de compensación por copia privada, llevado a cabo por el Gobierno español en diciembre de 2011.

Según las entidades de gestión el nuevo sistema, en el que la compensación se asigna a través del presupuesto nacional sin gravar el material de reproducción de obras protegidas, “beneficia injustamente a las empresas tecnológicas, que sí están obligadas a pagarlo en los otros 22 países de la Unión Europea (el resto de los que admiten la copia privada) y perjudica a los contribuyentes”.

Además, añaden en la nota que el nuevo sistema “es más indiscriminado que el anterior al recaer el pago de la copia privada sobre todos los españoles, compren o no equipos para reproducir obras protegidas” y advierten que la modificación establecida por el Gobierno genera varios problemas.

En primer lugar, afirman que España incumple la Directiva europea al no definir la cuantía de la compensación y el sistema de pago a los titulares de derechos. Desde la publicación del R.D-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, por lo cual se suprimió el canon digital, el Gobierno ha fijado una partida de solo cinco millones de euros a las entidades de gestión, que las mismas califican como “ridícula” en comparación con los 115 millones que debían abonar las empresas tecnológicas en el régimen anterior.

Otra cuestión señalada en la denuncia son los efectos distorsivos de la competencia que la modificación del sistema de copia privada puede producir en el mercado único europeo. Esto se debe a que las empresas de tecnología dejan de pagar en España la misma indemnización que en la mayoría de los países de la UE están obligadas a satisfacer.

Las entidades critican que no se haya esperado a las conclusiones del mediador nombrado por la Comisión Europea para armonizar tarifas y soportes de aplicación del canon en los países europeos y consideran que la indefinición del Gobierno español con respecto a la cuantía de la compensación “perjudica gravemente el desarrollo del sector cultural”.


Fuentes: EL PAÍS, CINCO DÍAS

 



 
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