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Armonización del plazo de protección del derecho de autor

 Alejandra Valle Hernández. Derechos PI/ Plazo de protección. 24/05/2016

En el año 2008, de Montis Design BV (en adelante, Montis), demandó a la empresa Goossens Meubelen BV (en adelante, Goossens), alegando que está vulnera sus derechos de autor al vender dos modelos de sillas de los que él era titular desde que en 1990, Gerard van den Berg, le cediera sus derechos de autor como diseñador de ambas. Sin embargo, al final del período quinquenal de registros de modelos, en 1993, Montis no depositó la declaración de mantenimiento prevista en el artículo 21, apartado 3 (antiguo), de la Ley Uniforme del Benelux sobre dibujos y modelos ( en adelante, LBDM).

Montis alego que sus derechos de autor se habían restablecido a causa de la derogación, el 1 de diciembre de 2003, del artículo 21, apartado 3(antiguo), de la LBDM, ya que a su juicio la derogación tenía efectos retroactivos. Señalaba que tales derechos se habían restaurado con carácter retroactivo al 1 de julio de 1995, esto es, en la fecha fijada por el artículo 10, apartado 2, en relación con el artículo 13, apartado 1, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (en adelante, Directiva 93/98). Tras la desestimación en primera instancia y apelación, Montis interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos. El Tribunal de Justicia de Benelux, remite tres cuestiones de prejudiciales al Abogado General. Antes de responder a las cuestiones preliminares el Abogado General realiza tres puntualizaciones.

En lo relativo a la primera cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98 y su aplicación al litigo, el legislador de la Unión armonizó la duración de los derechos de autor para lograr un nivel de protección elevado. Así, se establecieron en el Convenio de Berna como plazos iguales en toda la Unión, el de la vida del autor y setenta años post morten auctoris, tanto para las obras literarias y artísticas, como para las cinematográficas o audiovisuales y cincuenta años desde la fecha de representación o ejecución, para los artistas intérpretes o ejecutantes, o desde la grabación, para los productores de fonogramas. Este cómputo se iniciará a partir del día 1 de enero del año siguiente al del hecho generador del derecho de autor o del derecho afín.

El artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98 introdujo con ese mismo propósito, una regla que restauraba los derechos de autor en Estados miembros en los que había pasado a ser de dominio público, ante dos situaciones alternativas: cuando a 1 de julio de 1995 continuaran protegidos en, al menos un Estado miembro, o cuando el objeto cumpliera los criterios para acogerse a la protección de acuerdo con la Directiva 92/100.

El Abogado General concluye que Montis no puede beneficiarse del apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 93/98, ya que admitió que sus derechos de autos sobre los asiento no estaban vigente en la fecha requerida en ningún Estado de la Unión. De la misma forma, tampoco puedo acogerse a la protección de la Directiva 92/100, dado que la remisión que a ella hace el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98 no es aplicable a esta modalidad de derechos de autor, sino solo a los que cita la propia Directiva 92/100.

La segunda cuestión prejudicial versa sobre la compatibilidad del artículo 21, apartado 3 (antiguo), de la LBDM con la Directiva 93/98. La razón para derogar tanto el artículo 21, apartado 3 (antiguo), de la LBDM, como el artículo 24 de la misma ley fue que eran contrarios al Convenio de Bernia, y por ende, al artículo 9 del Acuerdo ADPIC que imponía a los Estados signatarios el respeto de dicho Convenio.

El Abogado General señala la razón de esta decisión, ya que la LBDM requería de quien ostentaba derechos de autor sobre modelos o dibujos, una declaración de conservación. Tal declaración era, una de las formalidades proscritas en el Convenio de Berna, y por ello se eliminó de la LBDM. Sin embargo, no zanja el debate sobre su relación con la Directiva 93/98.

En torno a esta cuestión el Abogado General concluye que de no haberse exigido esa formalidad, o si se hubiera eliminado a tiempo, el titular de los derechos de autor garantizado por la Directiva 93/98 podría optar a los beneficios de esta le otorga, en orden a extender su período de protección. La pervivencia del requisito del artículo 21 (antiguo) de la LBDM truncaba de raíz esa posibilidad y enervaba, el efecto útil de la Directiva 93/98.

En cuanto a la tercera cuestión prejudicial relativa a la fecha del establecimiento de los derechos de autor, derivada de las dudas respecto del momento en que se produjo el restablecimiento de los derechos de autor sobre los sillones. El Abogado General no estima que haya fundamento en la Directiva 93/98 para llegar a esta deducción. Además señala que para llegar a una solución u otra no pondrían contar con la ayuda del Tribunal de Justicia, ya que carece de competencia tanto para interpretar el derecho nacional, para contrastarlo con las normas de derecho internacional cuando no formaban parte del derecho de la Unión.

El Abogado General señala dos salvedades que conviene disociar a la fecha del 1 de julio de 1995 establecida en la Directiva 93/98. En primer lugar, el 19 de abril de 1993 en que, sin solución de continuidad, revivirán los derechos de autor pasados al dominio público sin causa legalmente admisible. Esa hipótesis resultaría aplicable el plazo de setenta años post morten autor de protección de los derechos de autor en virtud del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98, ya que los de Montis gozaban de vigencia, peses a todo, en un Estado miembro a 1 de julio de 1995. La segunda salvedad es la de la fecha de entrada en del Protocolo por el que se derogó el artículo 21 (antiguo) de la LBDM, el 1 de diciembre de 2003.


Por lo tanto, el Abogado General señala que, a excepción de las salvedades anteriormente explicadas, concierne al derecho nacional regular los efectos de la derogación del artículo 21 (antiguo) de la LBDM desde el 1 de diciembre de 2003, según el Protocolo, y dilucidar si tal derogación puede calificarse de una medida legislativa de esa índole, proporcionada al fin perseguido por la Directiva.
 



 
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